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INDIGNACIÓN: Samuel Doria Medina propone eliminar la Renta Dignidad

Durante un reciente debate presidencial televisado, Samuel Doria Medina, empresario y candidato por la alianza “Unidad”, afirmó que, de llegar al poder, “eliminaría la Renta Dignidad por ser una carga insostenible para el Estado”.

Estas palabras no solo sorprendieron, sino que provocaron una ola de repudio nacional, especialmente entre jubilados, personas de la tercera edad y sectores populares que ven en esta renta un derecho conquistado y una herramienta vital para sobrevivir.

Las palabras de Samuel Doria Medina no solo pusieron en evidencia su visión excluyente, sino que también han reavivado el debate nacional sobre el rol del Estado en garantizar derechos básicos.

Lejos de tratarse de una política “populista”, como él la califica, la Renta Dignidad se ha convertido en una conquista social que la mayoría de los bolivianos está dispuesta a defender.

Porque la dignidad no se negocia. Mucho menos se elimina.

La propuesta del candidato empresarial es vista como un ataque directo a los adultos mayores que dependen de este beneficio para sobrevivir. La sociedad civil y organizaciones de jubilados denuncian una falta de sensibilidad social.

La Renta Dignidad, implementada en 2008, es uno de los pocos beneficios sociales universales en Bolivia que ha logrado tener impacto directo en la vida de más de un millón de adultos mayores. Consiste en un pago mensual (actualmente alrededor de Bs 350 para quienes no reciben pensión y Bs 300 para pensionados), y representa en muchos casos el único ingreso fijo de ancianos que no cuentan con redes familiares o pensiones regulares.

Por ello, la afirmación de Doria Medina —quien desde su posición de millonario empresario suele hablar de “eficiencia” sin considerar el rostro humano del Estado— fue catalogada como una afrenta a la dignidad de los más vulnerables.

“No podemos hablar de desarrollo si dejamos atrás a quienes construyeron este país”, declaró Elena Quispe, vocera del Consejo Nacional de Adultos Mayores. “Eliminar la Renta Dignidad es condenar a la miseria a miles de abuelos que ya viven con lo mínimo”.

Organizaciones sociales, sindicatos y analistas no tardaron en reaccionar, recordando que el Estado tiene la obligación moral y constitucional de proteger a los sectores más débiles. La propuesta de Doria Medina ha sido comparada con recetas neoliberales de los años 90, cuando el modelo económico favorecía la privatización, la reducción del gasto público y el abandono de políticas sociales.

Incluso analistas conservadores cuestionaron el momento y la forma de la declaración. Para el economista Hugo Romero:

“Pedir la eliminación de un beneficio social tan sensible, y hacerlo en pleno proceso electoral, es políticamente suicida y revela desconexión con la realidad boliviana”.

La Renta Dignidad no es un gasto: es una inversión social. Ayuda a sostener la economía informal, permite a los adultos mayores tener cierta independencia y genera un círculo virtuoso en comunidades rurales y periurbanas.

Resulta irónico que Doria Medina, quien representa a una élite empresarial que por años se benefició de exenciones tributarias y contratos estatales, hoy proponga recortar recursos justamente a quienes menos tienen.

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