Acusan a alcaldes de Quillacollo y Colcapirhua por hechos de violencia en Cotapachi; anuncian demandas penales
Cochabamba, Bolivia. — La tensión por los sucesos trágicos ocurridos en el botadero de Cotapachi continúa en ascenso. Tras el violento enfrentamiento que dejó dos personas fallecidas y varios heridos, el abogado Eduardo Mérida, representante legal de los comunarios de Cotapachi, señaló directamente a los alcaldes Héctor Cartagena (Quillacollo) y Nelson Gallinate (Colcapirhua) como presuntos responsables de la intervención que derivó en la tragedia.
Según Mérida, la actuación de ambas autoridades municipales —sumada a la intervención policial— habría provocado un operativo “mal planificado, ilegal y violento”, que terminó desencadenando el fatal enfrentamiento.
“Los hechos no fueron accidentales. Hubo una decisión política de intervenir sin diálogo y con uso de fuerza desproporcionada”, afirmó.
El abogado adelantó que, como representante de los comunarios, presentará demandas penales contra los dos alcaldes y los mandos policiales involucrados, por delitos que incluirían homicidio, lesiones graves, abuso de autoridad y omisión de deberes.
“Vamos a activar todas las vías legales porque dos familias hoy están de luto y varias personas quedaron heridas por decisiones arbitrarias de funcionarios públicos”, agregó.
Los comunarios denunciaron que durante el operativo se utilizaron agentes químicos y se permitió el ingreso de grupos de choque, lo que, según sus testimonios, generó una escalada descontrolada de violencia.
“A mi padre lo atacaron grupos ajenos a la comunidad”, relató el hijo de una de las víctimas, reforzando la teoría de la presencia de actores externos.
Hasta el momento, ni Cartagena ni Gallinate han emitido declaraciones formales sobre la denuncia directa en su contra.
La Policía, por su parte, sostiene que su intervención respondió a la necesidad de garantizar el acceso al botadero, bloqueado desde hace días por demandas vecinales, aunque anunció que colaborará con las investigaciones.
Organizaciones de derechos humanos exigen una investigación independiente y transparente, que determine responsabilidades políticas y operativas.
Mientras tanto, los comunarios de Cotapachi mantienen firme su postura: la tragedia no quedará impune.
