ANALISIS: “No puede haber impunidad ante un fraude electoral de semejante magnitud”

El abogado constitucionalista Dulfredo Flores advirtió que el país atraviesa un momento decisivo tras las graves denuncias de fraude electoral en las elecciones de septiembre. Según las observaciones presentadas, más de 3.600 actas habrían sido manipuladas, alterando de manera escandalosa la voluntad popular.
Flores señaló que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y hasta el Tribunal Supremo de Justicia tienen la responsabilidad histórica de investigar estas acusaciones y dar una respuesta clara al pueblo.
“Este caso no puede ser ocultado ni dejado de lado. La impunidad en un fraude de esta naturaleza sería una traición a la democracia. Los bolivianos merecemos transparencia y verdad”, declaró.
El cuestionamiento central surge de un hecho que desconcierta a la opinión pública: un candidato que apenas registraba el 2,5% de la preferencia electoral, terminó de la noche a la mañana con un 32%, generando sospechas fundadas de manipulación informática y adulteración de actas.
Frente a estas irregularidades, varios congresistas han pedido la anulación de las elecciones, exigiendo nuevas garantías y un proceso verdaderamente transparente.
La ciudadanía también se pregunta: ¿Cómo es posible semejante salto en tan pocas horas?… ¿Dónde están los controles del TSE?
¿Qué papel cumplen los fiscales y jueces frente a un hecho que podría configurar el mayor fraude electoral de la historia reciente?
Flores concluyó remarcando que el pueblo boliviano no puede ser burlado. “Si no se investiga y se sanciona, se estará avalando la corrupción política y matando la democracia. Aquí lo que está en juego no es una elección, sino el futuro de Bolivia”.El abogado constitucionalista Dulfredo Flores advirtió que el país atraviesa un momento decisivo tras las graves denuncias de fraude electoral en las elecciones de septiembre. Según las observaciones presentadas, más de 3.600 actas habrían sido manipuladas, alterando de manera escandalosa la voluntad popular.
Flores señaló que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Ministerio Público, la Asamblea Legislativa y hasta el Tribunal Supremo de Justicia tienen la responsabilidad histórica de investigar estas acusaciones y dar una respuesta clara al pueblo.
“Este caso no puede ser ocultado ni dejado de lado. La impunidad en un fraude de esta naturaleza sería una traición a la democracia. Los bolivianos merecemos transparencia y verdad”, declaró.
El cuestionamiento central surge de un hecho que desconcierta a la opinión pública: un candidato que apenas registraba el 2,5% de la preferencia electoral, terminó de la noche a la mañana con un 32%, generando sospechas fundadas de manipulación informática y adulteración de actas.
Frente a estas irregularidades, varios congresistas han pedido la anulación de las elecciones, exigiendo nuevas garantías y un proceso verdaderamente transparente.
La ciudadanía también se pregunta: ¿Cómo es posible semejante salto en tan pocas horas?… ¿Dónde están los controles del TSE?
¿Qué papel cumplen los fiscales y jueces frente a un hecho que podría configurar el mayor fraude electoral de la historia reciente?
Flores concluyó remarcando que el pueblo boliviano no puede ser burlado. “Si no se investiga y se sanciona, se estará avalando la corrupción política y matando la democracia. Aquí lo que está en juego no es una elección, sino el futuro de Bolivia”.