Bolivia pagara una millonaria suma de $us 600.000 al expolicía Blas Valencia y otros por vulneración de sus derechos
Por indemnización, el Estado Plurinacional de Bolivia pagó $us 626.000 a 21 de las 26 víctimas de la violación de sus derechos humanos en el proceso por el caso “Blas Valencia”, hecho ocurrido en el gobierno del entonces presidente Jorge Quiroga (2001-2002).
Además, indemnizó con $us 10.000 a cada uno de las dos representaciones de las presuntas víctimas: Hugo Efraín Jemio Mendoza y Carlos Eduardo Gómez Rojas, informó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Así lo consigna la Resolución de la Corte-IDH del 28 de agosto de 2025 sobre el “Caso Valencia Campos y otros Vs. Bolivia” de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
El proceso lleva el apellido del exjefe policial Blas Valencia, quien en 2001 perpetró, junto a su banda delictiva, un atraco armado a una remesa de la empresa Prosegur con el saldo de tres muertos: dos policías y un civil. El expolicía y el resto de denunciantes acudieron al tribunal internacional, para denunciar actos de tortura y vejaciones.
Fue sentencia en 2023 a 30 años de cárcel por asesinato, robo agravado y organización criminal. Logró su libertad condicional en febrero de 2024.
“Declarar, de conformidad con lo señalado en el Considerando 10, que el Estado ha dado cumplimiento parcial a la medida de reparación relativa a pagar a las víctimas las cantidades fijadas en el párrafo 328 de la Sentencia por concepto de indemnización del daño material e inmaterial (punto resolutivo vigésimo séptimo de la Sentencia), ya que el Estado ha pagado a 21 de las 26 víctimas del caso, quedando pendiente que acredite que ha sido realizado el pago a favor de las víctimas Carlos Enrique Castro Ramírez y Elacio Peña Córdova, así como el pago, la consignación o resguardo de los montos de indemnización a favor de las víctimas Genaro Ahuacho Luna, Alfredo Bazán y Rosas y Julia Mamanu Mamani”, refiere el numeral dos del Por Tanto de la Resolución.
La lista de 21 víctimas que recibieron la indemnización del Estado boliviano la encabeza Blas Valencia Campos con $us 20.000. A él se suman Víctor Manuel Boggiano Bruzzón ($us 40.000); Freddy Cáceres Castro ($us 20,000); Claudio Centeno Valencia ($us 10.000); Carlos Eladio Cruz Añez ($us 40.000); Patricia Catalina Gallardo Ardúz ($us 40.000); Victoria Gutiérrez Aguilar ($us 40.000); y Oswaldo Lulleman Antezana ($us 20.000).
Además de Jenny Paola Lulleman Gutiérrez ($us 40.000); Luis Lulleman Gutiérrez ($us 20.000); Raúl Oswaldo Lulleman Gutiérrez ($us 40.000); María Fernanda Peña Gallardo ($us 10.000); F.E.P.M. ($us 65.000); Edwin Rodríguez Alarcón: $us 20.000; Carlos Álvaro Taboada Valencia ($us 20.000); Claudia Valencia Alarcón ($us 40.000); Gabriel Valencia Alarcón ($us 20.000); Alexis Valencia Alarcón ($us 20.000); Mercedes Valencia Chuquimia ($us 40.000)
También están Mauricio Valenzuela Valencia ($us 20.000) y Norma Lupe Alarcón Castillo ($us 40,000). Asimismo, se le otorgó un monto de $us 1.000 “por concepto de compensación en equidad de las joyas secuestradas durante el allanamiento que no le fueron devueltas”, refiere el informe de la Corte-IDH.
Resta por cumplir el pago a Genaro Ahuacho Luna ($us 40.000); Alfredo Bazán y Rosas ($us 20.000); Carlos Enrique Castro Ramírez ($us 40.000); Julia Mamanu Mamani ($us 40.000) y Elacio Peña Córdova ($us 20.000).
Al respecto, el Estado boliviano informó a la Corte-ID, en diciembre de 2024, que había realizado consultas en entidades estatales “con la finalidad de conocer el paradero de dichas víctimas y/o [sus] herederos” y dio con dos de estos: Carlos Enrique Castro Ramírez y Elacio Peña Córdoba.
En julio de este año, el Estado informó a la Corte-IDH que “la gestión de pago está en trámite ante el Banco Central de Bolivia desde el 30 de mayo de 2025”.
En cuanto a los pagos correspondientes a Genaro Ahuacho Luna, Alfredo Bazán y Rodas y Julia Mamanu Mamani, el Estado explicó que no logró “obtener sus datos para localizarlos y efectuar el pago”.
En ese sentido, en diciembre de 2024 informó que se encontraba realizando las gestiones para la apertura de una Libreta en la Cuenta Única del Tesoro con la finalidad de resguardar los recursos por el período de diez años en lo relativo a los pagos pendientes”.
El Estado tiene hasta el 16 de febrero de 2026 para presentar un nuevo “informe sobre el cumplimiento de las medidas de reparación pendientes”.
Por otro lado, la Corte-IDH informó que mantiene abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de las siguientes medidas de reparación, que serán valoradas en una posterior Resolución: Adoptar las medidas necesarias para la revisión de la sentencia No. 12/2003 de 16 de mayo de 2003; e investigar, juzgar, y, en su caso, sancionar a las personas responsables por los actos de tortura y vejaciones en contra de las víctimas.
Además, de brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a las víctimas; diseñar e implementar capacitaciones en materia de derechos humanos y protocolos en materia de tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que participen en actos de investigación y administración de justicia y de investigación de casos de violencia sexual; y crear de un mecanismo que permita la reapertura de procesos judiciales.
