¿De dónde sale el dinero? Crecen las dudas sobre el financiamiento de campañas rumbo a las elecciones subnacionales
Cochabamba.– A medida que se acercan las elecciones subnacionales en Bolivia, crecen las interrogantes ciudadanas sobre el origen del financiamiento de las campañas electorales, en un escenario marcado por concentraciones masivas, caravanas, regalos, dádivas y un despliegue logístico que implica elevados costos económicos.
Diariamente se observan actos proselitistas que incluyen escenarios, sonido profesional, grupos musicales, transporte, alimentación y obsequios, lo que genera una pregunta central: ¿quién financia estas campañas y bajo qué mecanismos de control?.
La inquietud es mayor si se considera que muchos de los candidatos no registran actividades económicas visibles que expliquen semejante capacidad de gasto.
En sectores urbanos y rurales se denuncia que algunos actores políticos recurren a la entrega de alimentos, bebidas e incluso dinero en efectivo para asegurar asistencia a concentraciones y caravanas.
Estas prácticas, aunque normalizadas en épocas electorales, refuerzan la precarización del voto y evidencian una relación desigual entre el poder político y la población más vulnerable.
En el área rural la situación es aún más crítica. Pobladores señalan que muchos ciudadanos desconocen quiénes son los candidatos a las alcaldías, sus propuestas o su trayectoria, mientras que en algunos municipios se registran más de diez postulantes a la Silla Municipal, lo que fragmenta el voto y favorece campañas basadas más en el gasto que en el debate de ideas.
Analistas y organizaciones civiles advierten que esta realidad pone en evidencia la debilidad de los mecanismos de fiscalización del financiamiento electoral, así como la falta de transparencia sobre aportes privados, recursos propios y posibles intereses económicos que podrían condicionar futuras gestiones municipales.
La normativa electoral establece límites y obligaciones de rendición de cuentas, sin embargo, en la práctica persiste una amplia brecha entre la ley y la realidad, alimentando la percepción de que las campañas se han convertido en una competencia de chequeras y no de propuestas.
En un contexto de crisis económica, desempleo y carencias básicas, diversos sectores cuestionan que se destinen millonarios recursos a propaganda y eventos, mientras las demandas estructurales de la población siguen sin respuesta. La pregunta sigue abierta y vigente: ¿quién pone el dinero y a cambio de qué?
