Liberan al abogado Jorge Valda y la población quiere saber por que se pretende encarcelar a inocentes?

En audiencia este sábado, el juez Junior Flores determinó otorgar la libertad pura y simple del abogado Jorge Valda, pese a que la Fiscalía había pedido su detención domiciliaria por supuestamente ser cómplice en la asonada militar del 26 de junio del año pasado y el Tribunal de garantías había rechazado una Acción de Libertad.
En criterio del juez, no se demostró que exista riesgo de fuga ni obstaculización de la investigación por parte de Valda, por lo cual optó por dejar que el imputado se defienda en libertad.
Valda fue aprehendido después de que el Gobierno difundió un documental, donde se lo acusaba de tener conocimiento de la asonada militar y haber tenido contactos al respecto. La Fiscalía lo imputó por los delitos de terrorismo y alzamiento armado en complicidad.
Después de que el Tribunal desechara la Acción de Libertad interpuesta por el abogado Jorge Valda tras su aprehensión el día viernes por una presunta vinculación con los autores intelectuales de la supuesta asonada militar del 26 de Junio de 2024 liderada por el entonces Comandante del Ejército Juan José Zúñiga, Valda pasó a la audiencia cautelar, donde el juez determinó la libertad simple y pura para defenderse en libertad de los cargos que se le imputan.
Mientras el gobierno sostiene que actúa en defensa del orden constitucional, las detenciones han avivado el debate sobre la politización de la justicia en Bolivia.
La situación refleja la profunda polarización política en el país y la necesidad de garantizar procesos judiciales transparentes y respetuosos del debido proceso.
El gobierno boliviano ha defendido estas detenciones como necesarias para preservar la democracia y sancionar a los responsables del intento de golpe.
No obstante, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre posibles motivaciones políticas detrás de estas acciones.
Por ejemplo, en casos anteriores, como el de la expresidenta Jeanine Áñez, se han planteado dudas sobre la imparcialidad de los procesos judiciales y se ha señalado la posibilidad de persecuciones políticas.
En este contexto, las detenciones relacionadas con el caso «Golpe de Estado III» podrían ser interpretadas por algunos como un esfuerzo del gobierno para consolidar su poder y desactivar a posibles opositores, especialmente en un periodo previo a las elecciones de 2025. La inclusión de figuras civiles en las investigaciones refuerza estas percepciones.