Partidos políticos renuncian al financiamiento estatal, pero el gasto de campaña sigue en marcha
Con las elecciones generales previstas para el 10 de agosto de 2025, los partidos políticos bolivianos han acordado renunciar al financiamiento estatal. Sin embargo, la maquinaria electoral ya se mueve y los gastos de campaña —aunque sin cifras oficiales aún— siguen siendo millonarios.
Durante el último encuentro multipartidario por la democracia, líderes políticos y representantes institucionales firmaron un compromiso conjunto que, entre otros puntos, establece la renuncia al uso de recursos públicos para financiar la campaña electoral. Esta decisión fue celebrada como un gesto de austeridad y responsabilidad, pero abre interrogantes sobre el origen de los fondos que sostendrán la intensa actividad proselitista en los próximos meses.
CAMPAÑAS SIN PLATA DEL ESTADO… PERO CON RECURSOS PRIVADOS
La Ley de Organizaciones Políticas permite que los partidos recurran a aportes privados y contribuciones de sus militantes. No obstante, estos ingresos deben ser transparentados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cumpliendo con los topes y requisitos legales establecidos. Hasta la fecha, ningún partido ha revelado de forma oficial su presupuesto de campaña, aunque se sabe que varios ya están contratando espacios publicitarios, organizando eventos y movilizando estructuras en todo el país.
Para tener referencia: en las elecciones generales de 2019, Comunidad Ciudadana (CC) presentó un presupuesto de más de Bs 52 millones al TSE. Se estima que en 2025, los principales partidos podrían manejar cifras similares, aunque con mayor dependencia de fuentes privadas.
LA VIGILANCIA CIUDADANA SERÁ CLAVE
Organizaciones como la Fundación Jubileo y plataformas de observación electoral ya advirtieron que vigilarán el uso de recursos en campaña, especialmente ante la ausencia de financiamiento estatal. “Renunciar al dinero público no es sinónimo de transparencia automática. Ahora más que nunca, es necesario saber quién financia a quién”, advirtió un analista político.
Mientras tanto, el TSE ha reiterado que las campañas deben desarrollarse dentro del marco legal y que cualquier gasto anticipado o sin registro puede ser sancionado. El calendario electoral será oficializado en los próximos días.
UN ESCENARIO INCIERTO, CON PLATA Y SIN CERTEZAS
Aunque la medida de no usar fondos del Estado ha sido aplaudida por algunos sectores, lo cierto es que las campañas políticas en Bolivia siguen siendo costosas y altamente dependientes del financiamiento. El desafío ahora es garantizar que ese dinero no provenga de fuentes ilícitas ni comprometa la independencia de los futuros gobernantes.
Con la cuenta regresiva en marcha, los bolivianos observarán no solo los discursos y promesas, sino también quién pone la plata detrás de cada candidatura.
