Samuel Doria Medina usurpa el Poder: debe esclarecer el caso “FOCAS y la capitalización de ENFE”
La designación de Adolfo Arturo Dávalos Yoshida como viceministro de Tecnología Nuclear reaviva un capítulo controvertido de la historia económica boliviana: su imputación formal en el caso ENFE, sumada a la relación política con el caso FOCAS, plantea serios cuestionamientos éticos, jurídicos y de transparencia en el Gobierno actual.
El nombramiento de Adolfo Arturo Dávalos no es un hecho menor en términos políticos ni simbólicos. Su implicación en el caso ENFE, junto con su cercanía histórica con figuras investigadas en FOCAS, obliga a un escrutinio público riguroso.
IMPLICACIONES PARA EL GOBIERNO ACTUAL
La presencia de Dávalos Yoshida en un alto cargo del Ejecutivo (viceministerio de Tecnología Nuclear) genera inquietudes sobre la coherencia ética del gobierno: ¿cómo conciliar su nombramiento con un proceso penal pendiente?
Si la investigación avanza, podría reabrir una herida política: el viejo debate sobre las privatizaciones o capitalizaciones de los años 90 y sus efectos en el patrimonio estatal.
El caso también plantea un dilema de gobernabilidad: un gobierno que promueve la “transparencia” y el “rendimiento de cuentas” debe enfrentar sus propias contradicciones si mantiene en cargos públicos a personas con procesos judiciales importantes.
Más allá de las cuestiones judiciales, el episodio refleja la persistencia de una disputa más amplia en Bolivia: la rendición de cuentas por las decisiones económicas del pasado y las nuevas reglas de ética pública en el presente.
CASO FOCAS Y ENFE
En octubre de 2016, la Fiscalía General del Estado formuló imputaciones formales tanto en el caso FOCAS como en el caso ENFE, involucrando a 10 personas en el primero y 15 en el segundo.
En el caso ENFE figura el nombre de Adolfo Arturo Dávalos Yoshida, acusado de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, en su rol como miembro del directorio de FCA-SAM (una de las estructuras de la empresa ferroviaria).
En el caso FOCAS, una parte importante del financiamiento internacional fue trasladado desde fondos públicos hacia la Fundación para la Producción (Funda-Pro), según la Fiscalía.
El Tribunal Supremo de Justicia rechazó los recursos de prescripción presentados por algunos imputados, argumentando que los delitos contra el patrimonio estatal son imprescriptibles según la Constitución Política del Estado.
Las medidas cautelares incluyen anotaciones preventivas sobre bienes de los imputados, con el fin de garantizar una eventual reparación del daño si hay condena.
En la Sala Penal del TSJ ya se han agendado audiencias para considerar medidas cautelares (“medidas personales y reales”), lo que puede implicar restricciones a la libertad u otros mecanismos para asegurar la comparecencia.
Samuel Doria Medina, líder opositor y exministro de Planeamiento, está entre los principales imputados por ambos casos, lo que refuerza la vinculación política entre las investigaciones judiciales.
Unidad Nacional ha denunciado que el caso FOCAS tiene motivaciones políticas, afirmando que se trata de una “persecución promovida por el MAS” contra Doria Medina.
Además, la Asamblea Legislativa aprobó un juicio de responsabilidades contra figuras como Doria Medina y el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por su participación en la capitalización de ENFE, lo que demuestra el peso institucional del caso.
