SENADO DEBATIRÁ PROYECTO DE LEY PARA DISTRIBUIR LOS INGRESOS DEL ESTADO EN 50% PARA EL NIVEL CENTRAL Y 50% PARA LAS REGIONES
La Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores de Bolivia debatirá esta semana un proyecto de ley que propone aplicar una distribución 50-50 de los ingresos públicos entre el nivel central del Estado y las regiones del país, con el objetivo de fortalecer la descentralización y el equilibrio territorial del gasto.
La iniciativa corresponde al Proyecto de Ley 087/2025-2026 de Equilibrio Territorial del Gasto, Descentralización y Fortalecimiento Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por el senador de Libre y actual candidato a gobernador de Santa Cruz, Branko Marinkovic.
La propuesta plantea un régimen de distribución funcional del ingreso público proveniente de infraestructura estratégica, servicios públicos nacionales y rentas vinculadas a la actividad económica estatal. Según el proyecto, la medida se aplicaría únicamente sobre los recursos recaudados y registrados en el Tesoro General de la Nación, sin afectar ingresos con destino constitucional específico ni competencias exclusivas del nivel central del Estado.
De acuerdo con la propuesta, el 50% de los recursos permanecerá en el nivel central del Estado, destinado al financiamiento de competencias privativas, estabilidad macroeconómica, seguridad nacional, políticas públicas estratégicas e inversiones de alcance nacional.
El 50% restante será destinado a ejecución territorial directa, con la siguiente distribución:
- 20% para los gobiernos autónomos departamentales
- 25% para los gobiernos autónomos municipales y autonomías indígena originaria campesina
- 5% para las universidades públicas autónomas del sistema estatal
El artículo 12 del proyecto establece que estos recursos serán acreditados de manera automática y directa en las cuentas fiscales institucionales de las entidades territoriales y universidades públicas mediante el Sistema Integrado de Gestión Pública, a través de mecanismos informáticos implementados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia.
Además, la propuesta plantea que la recaudación generada por peajes en cada departamento pase a la administración directa de las gobernaciones. Actualmente, estos ingresos son administrados por la Administradora Boliviana de Carreteras, que los destina al mantenimiento de la red vial.
De aprobarse esta medida, los gobiernos autónomos departamentales asumirán la responsabilidad directa sobre el estado de la infraestructura vial, seguridad en las carreteras, continuidad del tránsito y planificación de inversiones territoriales.
El proyecto establece que los recursos provenientes de la renta vial deberán priorizar la integración productiva regional, la conectividad logística y el desarrollo económico departamental, mientras que el nivel central mantendría únicamente funciones de regulación técnica, homologación de estándares y control del cumplimiento normativo.
Finalmente, el artículo 22 plantea que el Órgano Ejecutivo convoque al Consejo Nacional de Autonomías para incorporar el equilibrio territorial del gasto público y la renta vial como componentes estructurales del proceso de concertación fiscal previsto por la Ley Marco de Autonomías.
